DERECHO PENAL ESPECIAL

TOCORA, LUIS FERNANDO

aparece esta edición, bajo los augurios del código del año 2000, que si de atemperarlo con la nueva constitución de trata, deberá convocar a la judicatura a un ejercicio garantista y iushumanista de él. una sociedad democrática debe ciertamente acudir al derecho penal, como una última alternativa de restricción de los derechos fundamentales de las personas. este derecho penal mínimo ya esbozado en la antigüedad con el axioma nulla lex poenalis sine necessitate, está anclado en nuestras normas constitucionales 28 y 29, que proclaman un sistema penal taxativamente restringido y delimitado, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, que ofrezca garantías sustanciales de respeto a su dignidad y de un debido proceso que incluye la adecuada defensa a los ciudadanos frente a la intervención del leviatán estatal. ella no puede reñir con las pretensiones de eficiencia y de lucha contra la impunidad, para las que debe haber la respectiva compaginación, y en las que se ha de tener en cuenta, la formación de verdaderos centros de poder, dispuestos a usurpar, competir o a manipular un estado débil. no obstante, dadas las políticas neoliberales de recorte del aparato del estado, que abarca lo judicial, la precariedad de la respuesta penal se advierte con más énfasis.