Uno de los inconvenientes surgidos en los países postindustriales, tras el fenómeno de la globalización y la integración de mercados, ha sido la criminalidad organizada transnacional. Frente a ella son necesarias la utilización de instrumentos jurídicos supranacionales, y acuerdos intergubernamentales que hagan efectiva la aplicación del Derecho con las máximas garantías de los ciudadanos. Hacer frente a este tipo de criminalidad requiere un sistema procesal que ampare y potencie figuras jurídicas como el Agente Encubierto, el Agente Provocador, el Agente de Inteligencia, o el colaborador dirigido por la Policía Judicial, y conceda carta de naturaleza al informe de inteligencia criminal.