Ante la expansión del Derecho penal, con déficits de certeza y garantías, los autores de esta obra colectiva proponen introducir una mínima racionalidad, tanto en la elaboración de la dogmática jurídico-penal, como en su creación, aplicación e interpretación. Racionalidad que pasa por justificar las decisiones conforme a los principios constitucionales que limitan el ejercicio del ius puniendi. En esta línea se propone que el principio de distribución del castigo penal se legitime en cuanto «reflejo real y democrático» de los valores que sobre la justicia penal tiene la sociedad.